Arabia Saudí: Catorce manifestantes pueden ser ejecutados tras juicios injustos

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Arabia Saudí debe anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a 14 miembros de la comunidad chií por delitos relacionados con protestas, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Tribunal de Apelación del tristemente célebre Tribunal Penal Especializado confirmó en mayo las condenas impuestas hace un año —el 1 de junio de 2016— en un juicio manifiestamente injusto seguido contra 24 ciudadanos saudíes. El Tribunal Penal Especializado es el órgano judicial antiterrorista saudí.

“El aumento de las condenas a muerte impuestas a miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí es alarmante e indica que las autoridades están utilizando esta pena para saldar cuentas y aplastar la disidencia so pretexto de combatir el ‘terrorismo’ y mantener la seguridad nacional”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio de Human Rights Watch.

El 25 de mayo, las familias de tres de los enjuiciados supieron por una llamada telefónica que el Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado las condenas a muerte de sus familiares. Los familiares de otros dos enjuiciados llamaron posteriormente, el 28 de mayo, al Tribunal, donde les informaron de que las condenas impuestas a sus familiares y a todo el grupo de 14 personas habían sido confirmadas en apelación. Se desconoce la fecha exacta de la decisión del Tribunal de Apelación.

La documentación judicial muestra que todos los enjuiciados, incluidos los 14 condenados a muerte, estuvieron en detención preventiva más de dos años antes de que comenzara el juicio. Durante ese periodo, la mayoría estuvo en régimen de aislamiento, y las autoridades saudíes les negaron el acceso a sus familias y abogados mientras los interrogaban.

Desde 2013, Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen registrando un preocupante aumento de las condenas a muerte impuestas a disidentes políticos en Arabia Saudí, incluida la minoría musulmana chií. Las organizaciones saben de al menos 38 miembros de esta comunidad —que representa entre un 10% y un 15% de la población del país— condenados a muerte actualmente. Las autoridades saudíes acusaron a estas personas de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y las condenaron a la pena capital en actuaciones judiciales que adolecieron de graves deficiencias seguidas ante el Tribunal Penal Especializado.

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