Marruecos: Los manifestantes del Rif, castigados con una oleada de detenciones en masa

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Durante la última semana, las autoridades marroquíes han llevado a cabo una aterradora oleada de detenciones, con redadas de decenas de manifestantes, activistas y blogueros en el Rif (norte de Marruecos), tras meses de protestas exigiendo el fin de la marginación de comunidades y la mejora de los accesos a los servicios en la región, ha dicho Amnistía Internacional.

A algunas de las personas detenidas se les ha negado el acceso sin demora a sus abogados bajo custodia policial. En algunos casos, los abogados que pudieron ver a sus clientes en el tribunal de Alhucemas afirmaron que éstos tenían lesiones visibles y que denunciaron haber sido golpeados al ser detenidos. También se teme que entre las personas que pueden ser juzgadas y tal vez acusadas de delitos relacionados con la seguridad del Estado haya manifestantes pacíficos y blogueros que cubrían las protestas en las redes sociales.

 

Las autoridades deben garantizar que los activistas pacíficos no son condenados por cargos falsos

“Tememos que esta oleada de detenciones pueda ser un intento deliberado de castigar a los manifestantes del Rif por meses de disidencia pacífica. Es fundamental que las autoridades marroquíes respeten el derecho a la libertad de expresión y reunión. Las personas acusadas de algún delito reconocible legalmente no deben ser privadas del derecho a un juicio justo. Las autoridades también deben garantizar que los activistas pacíficos no son condenados por cargos falsos en castigo por participar en las protestas del Rif”, ha dicho Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

La reciente oleada de protestas se desencadenó cuando el líder de los manifestantes, Nasser Zefzafi, criticó públicamente a un clérigo que dirigía la oración del mediodía en una mezquita de Alhucemas el 26 de mayo por unas afirmaciones en las que al parecer se oponía a las protestas populares del Rif. El vídeo del incidente fue compartido en las redes sociales y días después Zefzafi fue detenido.

Entre el 26 y el 31 de mayo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 71 personas tras las protestas de Alhucemas y en las vecinas ciudades de Imzurén y Beni Buayach. Algunas protestas degeneraron en enfrentamientos en los que los manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad y éstas en ocasiones dispararon cañones de agua y lanzaron gas lacrimógeno. Hubo heridos por ambas partes. Sin embargo, muchos activistas, incluidos manifestantes pacíficos y blogueros que habían documentado los acontecimientos en las redes sociales, fueron detenidos una vez acabadas las manifestaciones.

Actualmente están siendo juzgadas al menos 33 personas tras haber sido acusadas por el fiscal general de la Corona de Alhucemas de rebelión, reunión no autorizada, agresión e insultos a funcionarios y arrojar piedras. Se rechazó la petición de que 26 de ellas quedaran en libertad en espera de juicio y la causa quedó aplazada hasta el 6 de junio. Todas continúan detenidas en la cárcel de Alhucemas.

Los abogados dijeron a Amnistía Internacional que habían visto señales visibles de lesiones en los rostros y los cuerpos de varios de los acusados cuando comparecieron ante el fiscal general en Alhucemas. Afirman que sus clientes refirieron cómo los policías les habían propinado palizas, patadas, golpes y bofetadas al detenerlos y durante su traslado a las comisarías. Muchos denunciaron haber sido insultados o amenazados —incluso de violación— por los agentes que los habían detenido. Otros dijeron que habían firmado informes de interrogatorio y luego se habían dado cuenta de que les habían añadido páginas sin su consentimiento. El fiscal general de la Corona ha ordenado que se practiquen exámenes médicos en varios casos.

Los abogados también dijeron a Amnistía Internacional que no habían podido visitar a ninguno de sus clientes mientras estaban bajo custodia policial en Alhucemas. La policía judicial de esta ciudad no notificó a los familiares de los detenidos su paradero, impidiéndoles así que les buscaran un abogado, lo cual significó que los abogados no pudieron conseguir la autorización de la fiscalía para visitar a sus clientes bajo custodia policial en el plazo de 24 horas tras la detención, como exige la ley marroquí.

De las 71 personas detenidas entre el 26 y el 31 de mayo, 31 han sido transferidas a Casablanca para ser interrogadas por la Brigada Nacional de la Policía Judicial, un cuerpo policial nacional que se ocupa de delitos graves, incluidos los relacionados con el terrorismo y la seguridad del Estado. Aunque aún no se ha acusado formalmente a los detenidos, esto hace temer que las autoridades los vayan a acusar de delitos contra la seguridad del Estado.

“Resulta muy alarmante que las autoridades puedan estarse planteando presentar cargos contra la seguridad del Estado para castigar a activistas que participan en protestas”, ha señalado Heba Morayef.

Los abogados sólo pudieron visitar a un grupo de 22 de las 31 personas detenidas en Casablanca el 1 de junio. La mayoría de estas personas dijeron a sus abogados que los agentes las habían insultado, amenazado y, en algunos casos, les habían propinado golpes y patadas, bien durante su detención, bien durante su traslado a la comisaría o en la propia comisaría de Alhucemas. Sin embargo, dijeron que las condiciones de detención bajo la custodia de la Brigada Nacional de la Policía Judicial habían sido buenas. Estas personas volverán a ser trasladadas a Alhucemas para comparecer en una vista ante el fiscal general de la Corona en el Tribunal de Apelaciones de Alhucemas.

Los abogados aún no han podido ver a un grupo de otros siete detenidos, entre los que figura el líder de las protestas, Nasser Zefzafi, a quienes las autoridades judiciales han retrasado el acceso a asistencia letrada. Se espera que puedan hacerlo el 5 de junio. Dos personas detenidas el 31 de mayo aún no han visto a sus abogados.

El Código de Procedimiento Penal de Marruecos permite mantener a los detenidos recluidos sin cargos bajo custodia policial hasta tras días por delitos comunes y durante periodos más largos, de hasta ocho y 12 días, por delitos contra la seguridad del Estado y delitos relacionados con el terrorismo, respectivamente. La ley permite también a las autoridades judiciales que demoren el acceso a un abogado si la investigación así lo requiere.

“Los detenidos están muy expuestos a ser víctimas de violaciones de derechos humanos en las primeras horas tras su detención, especialmente si se los mantiene totalmente aislados del mundo exterior, motivo por el cual es imprescindible que se notifique a sus familiares su situación y puedan acceder sin demora a asistencia letrada”, ha añadido Heba Morayef.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que incluyan en la reforma del Código de Procedimiento Penal actualmente en marcha el derecho de todo sospechoso a contar con un abogado durante el interrogatorio policial.

Poco después del incidente en la mezquita de Alhucemas que desencadenó la oleada de protestas, las fuerzas de seguridad asaltaron en su ausencia la vivienda de su líder, Nasser Zefzafi, causando daños y confiscando libros pertenecientes a sus ancianos padres, con los que vive. Días después, el 29 de mayo, Nasser Zefzafi fue detenido tras una elaborada operación de captura en el vecindario y trasladado en helicóptero a la jefatura de la Brigada Nacional de la Policía Judicial en Casablanca.

Amnistía Internacional teme que la forma en que se produjo su detención y las declaraciones oficiales en las que se indicaron los delitos de los que se le considera sospechoso antes de ser acusado formalmente, pueden haber vulnerado su presunción de inocencia y la de los activistas detenidos con él. Las fotos y los vídeos de su detención que se han filtrado, en los que aparece encapuchado y obligado a mantener la cabeza gacha, también hacen temer que pueda haber sido víctima de trato degradante.

 

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