Perú, al calor de la lucha de clases – Gustavo Montenegro

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El ex ministro de economía de Perú, Alfredo Thorne, afirmó que Perú atravesó una “tormenta perfecta” el primer año de mandato de Pedro Pablo Kuczynski como resultado de la combinación de la desaceleración de la minería, el escándalo del Lava Jato y el impacto de las inundaciones de marzo-abril.
Efectivamente, la caída del precio de los metales ha marcado el primer año de gestión de PPK, que a su vez ha perdido en el mismo período dos ministros a manos del Congreso (donde solo cuenta con 17 diputados sobre 130), y cuya aprobación se ha desplomado del 62 al 32%. En busca de auxilio político, negocia la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, cuyo partido posee la bancada mayoritaria en el Congreso.
Las repercusiones locales del Lava Jato, que han llevado tras las rejas al ex presidente Ollanata Humala e involucran a varios gobiernos, no lo han dejado indemne: está en la mira por la firma de una ley a favorable a Odebrecht, cuando era ministro de economía de Alejandro Toledo, que le permitía a la compañía brasileña participar de licitaciones públicas a pesar de tener un proceso judicial abierto (Página 12, 13/1). Los sobornos de las constructoras para hacerse de obras ascienden a 30 millones de dólares.
Pero lo que omite el ex ministro de economía en su análisis es el desarrollo de importantes procesos huelguísticos en el país. Y esto tiene su explicación: Kuczynski busca salir de la crisis por medio de un ajuste severo del gasto público y un ataque a las condiciones laborales.

“Ruido social”

El proceso de lucha más resonante es el de los maestros. En estos momentos, el gobierno ha convocado a una nueva negociación tras el fracaso de su ultimátum: la semana pasada, para desactivar una huelga que llevaba varias semanas, exhortó a volver a clases bajo la amenaza de descuentos y expulsiones.
El pliego de reclamos del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep reclama una base salarial de 4.050 soles, equivalente a 1.242 dólares (en agosto, el gobierno anunció el aumento del básico a 2 mil a partir de diciembre), la derogación de las leyes General de Educación y de Carrera Pública Magisterial (que instituyen las evaluaciones de desempeño, empleadas como un mecanismo de flexibilización laboral), contra la privatización de las instituciones educativas a través del sistema de APP (alianza público-privada), entre otros puntos.
La medida, muy fuerte en algunas regiones del sur (Cuzco, Puno, Ayacucho), ha incluido movilizaciones de docentes de todo el país a Lima, piquetes y hasta toma de casillas de peaje. El gobierno ha desplegado un vasto arsenal para quebrarla: fue declarada ilegal, las manifestaciones fueron reprimidas, se lanzó una plataforma de clases virtuales, y se desenvolvió un intenso macartismo, acusando a miles de maestros de vínculos con Sendero Luminoso.
La huelga, e incluso buena parte de las negociaciones con el gobierno, fueron motorizadas por los gremios regionales y se han desarrollado al margen de la directiva del Sutep, conducido por el PC Patria Roja (estalinista). Este último ha denunciado a la huelga como aventurera y dice que está instigada por grupos ligados a Sendero que quieren romper la federación para formar una nueva. El carnereaje de la directiva fue abierto: su secretario general, Alfredo Velázques, llamó a la docencia a reintegrarse a sus labores a partir del 7 de agosto.
En el caso del sector de salud, la Federación Médica Peruana (FMP) culminó el 10 de agosto un paro de casi 40 días en defensa de su escala salarial, y por mayor presupuesto para el sector, objetivos que parecen haberse alcanzado sólo parcialmente. Se plegaron las obstetras y enfermeras, que denuncian la falta de insumos y reclaman mayor personal.
Los mineros, por su parte, fueron al paro nacional entre el 19 y el 21 de julio. La medida estuvo precedida por paros en los yacimientos de San Juan de Churunga, Cerro Verde y Southern, de hasta 20 días de duración.
Enfrentan un conjunto de medidas precarizadoras que tienen su mayor expresión en la llamada Ley Pulpín, símil de la ley de primer empleo de Triaca, que promueve un recorte en los derechos laborales de jóvenes de 18 a 29 años con el objetivo de reemplazar trabajadores antiguos por nuevos y abaratar, así, costos laborales. El gobierno promueve también iniciativas para facilitar los despidos masivos, abaratar la indemnización por despido, y modificar la Ley de Salud y Seguridad de Trabajo.
Es un planteo de reforma laboral que va en línea con la ofensiva continental que tiene a la burguesía brasileña a la vanguardia.
El cuadro se completa con luchas en estatales y en el sector textil, que fue al paro general en mayo contra la política de reubicación de dirigentes sindicales en plantas lejanas y contra la flexibilización laboral.
El diario La República (10/8) se ha hecho eco de esta realidad editorializando sobre la cuestión del “ruido social”.

Una salida de los trabajadores

Las negociaciones del neoliberal Kuczynski con el fujimorismo y su agenda de ataques contra la clase obrera han demostrado la falsedad del planteo del centroizquierdista Frente Amplio (cuyo bloque se ha dividido ahora en el Congreso), que llamó a votarlo en el ballotage contra Keiko Fujimori en nombre del “mal menor”.
Para derrotar la agenda del gran capital, no hay atajos a la conformación de una fuerza revolucionaria de la clase obrera.

Gustavo Montenegro

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